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La Cámara Federal de Casación Penal ratificó este miércoles que Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad deben pagar $684.990.350.139,86 en concepto de decomiso. Además, habilitó que se ejecuten sus bienes para cubrir esa cifra.

El máximo tribunal penal rechazó los planteos de la defensa de la expresidenta, que cuestionaba el monto actualizado y pedía suspender la ejecución. Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña avalaron el criterio aplicado por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) y el dictamen técnico de los peritos de la Corte Suprema.

El origen del cálculo

En la sentencia original, el fraude se había fijado en $85.000 millones. Pero tras la actualización realizada con índice de precios al consumidor, el monto ascendió a casi $685.000 millones. La defensa de Kirchner sostenía que debía aplicarse otro método, que reducía la cifra a unos $42.494 millones, pero la Cámara desestimó el planteo.

“Lo que corresponde ahora es únicamente su ejecución, con la actualización necesaria para resguardar el valor real de las sumas confiscadas”, señalaron los jueces de la Sala IV.

Qué sigue

La decisión despeja el camino para que el juez Jorge Gorini avance con la ejecución patrimonial de los acusados. El fiscal Diego Luciani ya presentó un listado con veinte inmuebles de Cristina Kirchner y 89 de Lázaro Báez sobre los que pidió avanzar de inmediato.

El fiscal Mario Villar también había rechazado los argumentos de la defensa. Consideró que la metodología de actualización fue debatida en todas las instancias judiciales y que el reclamo de la expresidenta era “extemporáneo”.

Con esta resolución, la Justicia confirmó que el decomiso es una consecuencia directa de la condena penal, en línea con lo previsto en el Código Penal y los tratados internacionales contra la corrupción.

La Cámara de Diputados volvió a marcarle la cancha al Gobierno. Este miércoles, la oposición logró más de los dos tercios necesarios y rechazó los vetos presidenciales a la Ley Garrahan y al financiamiento universitario. Ahora será el Senado quien tenga la última palabra.

El bloque opositor —que reunió a peronistas, radicales, la Coalición Cívica, la izquierda y otros espacios— consiguió 181 votos contra 60 de los libertarios para insistir con la emergencia pediátrica. En el caso de las universidades, la diferencia también fue contundente: 174 votos contra 67.

Con este resultado, el oficialismo acumula 42 votaciones perdidas en el Congreso desde el inicio de la gestión.

El camino hacia el Senado

En la Cámara Alta, todo indica que los números también acompañarían la derogación de los vetos. Sin embargo, desde la oposición aclararon que no se tratarán en la sesión de este jueves, que estará enfocada en el veto a la ley de los Adelantos del Tesoro Nacional.

Un oficialismo sin respaldo

La Casa Rosada buscó apoyo en los gobernadores, pero las gestiones no alcanzaron. Varios diputados que en agosto no habían participado de la votación esta vez se inclinaron por rechazar los vetos. Hubo casos llamativos, como el de Florencia Klipauka, libertaria de Misiones, que en la primera votación acompañó al oficialismo y ahora prefirió ausentarse.

Cruces en el recinto

La sesión arrancó con la oposición marcando el ritmo y avanzando en bloque. Miguel Ángel Pichetto pidió votar sin discursos, lo que descolocó al oficialismo. Gabriel Bornoroni, jefe de La Libertad Avanza, intentó frenar la sesión con una propuesta para adelantar partidas presupuestarias de 2026, pero fue rechazada al instante.

Las tensiones también se sintieron dentro del PRO. Silvia Lospennato cuestionó al Gobierno: “Se rompió la confianza en el Gobierno, se perdió la confianza en el mercado y se perdió la confianza en la política”. Alejandro Finocchiaro respondió con dureza y Cristian Ritondo debió intervenir para calmar las aguas.

Mientras tanto, en las calles, sindicatos, organizaciones sociales y estudiantes se movilizaron frente al Congreso para acompañar la votación.

Cinco años después, un jurado popular decidió absolver a los dos funcionarios acusados de haber impedido que Pablo Musse pudiera despedirse de su hija Solange, fallecida en 2020 en Córdoba mientras atravesaba un cáncer de mama en etapa terminal.

Los acusados eran José Fernando Andrada, exdirector del hospital de Huinca Renancó y referente del COE local, y Analía Morales, trabajadora social del hospital de Río Cuarto. Ambos estaban imputados por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, pero llegaron en libertad al juicio y quedaron absueltos.

Solange murió el 21 de agosto de 2020, a los 35 años.

Al salir de la audiencia, su papá expresó:

“Siento bronca y odio, lo mismo que sentí cuando no me dejaron ver a mi hija. Seguimos sin justicia. En la Argentina nunca la hubo, menos ahora”.

Pablo Musse dijo que “no esperaba este fallo” y adelantó que apelarán. También pidió seguir adelante con el reclamo:

“Brillemos con mucha fuerza, por Solange. No vamos a bajar los brazos”.

Un caso que marcó a todo el país

En agosto de 2020, en plena cuarentena estricta, Musse viajó desde Plottier (Neuquén) hasta Córdoba para acompañar a su hija en sus últimos días. Aunque tenía permisos de circulación, fue detenido en un control sanitario en Huinca Renancó y obligado a regresar escoltado por patrulleros, sin siquiera poder descansar o comer.

El protocolo exigía un PCR negativo, pero a Musse se le realizaron test rápidos que dieron falsos positivos. Aun así, no le permitieron ingresar a la provincia.

Solange murió cinco días después, sin poder abrazar a su papá. Su carta, escrita poco antes de fallecer, donde afirmaba que “hasta el último día tengo mis derechos”, se viralizó y desató una fuerte indignación en todo el país.