La Cámara Federal de Casación Penal ratificó este miércoles que Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad deben pagar $684.990.350.139,86 en concepto de decomiso. Además, habilitó que se ejecuten sus bienes para cubrir esa cifra.
El máximo tribunal penal rechazó los planteos de la defensa de la expresidenta, que cuestionaba el monto actualizado y pedía suspender la ejecución. Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña avalaron el criterio aplicado por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) y el dictamen técnico de los peritos de la Corte Suprema.
El origen del cálculo
En la sentencia original, el fraude se había fijado en $85.000 millones. Pero tras la actualización realizada con índice de precios al consumidor, el monto ascendió a casi $685.000 millones. La defensa de Kirchner sostenía que debía aplicarse otro método, que reducía la cifra a unos $42.494 millones, pero la Cámara desestimó el planteo.
“Lo que corresponde ahora es únicamente su ejecución, con la actualización necesaria para resguardar el valor real de las sumas confiscadas”, señalaron los jueces de la Sala IV.
Qué sigue
La decisión despeja el camino para que el juez Jorge Gorini avance con la ejecución patrimonial de los acusados. El fiscal Diego Luciani ya presentó un listado con veinte inmuebles de Cristina Kirchner y 89 de Lázaro Báez sobre los que pidió avanzar de inmediato.
El fiscal Mario Villar también había rechazado los argumentos de la defensa. Consideró que la metodología de actualización fue debatida en todas las instancias judiciales y que el reclamo de la expresidenta era “extemporáneo”.
Con esta resolución, la Justicia confirmó que el decomiso es una consecuencia directa de la condena penal, en línea con lo previsto en el Código Penal y los tratados internacionales contra la corrupción.
