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Cinco años después, un jurado popular decidió absolver a los dos funcionarios acusados de haber impedido que Pablo Musse pudiera despedirse de su hija Solange, fallecida en 2020 en Córdoba mientras atravesaba un cáncer de mama en etapa terminal.

Los acusados eran José Fernando Andrada, exdirector del hospital de Huinca Renancó y referente del COE local, y Analía Morales, trabajadora social del hospital de Río Cuarto. Ambos estaban imputados por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, pero llegaron en libertad al juicio y quedaron absueltos.

Solange murió el 21 de agosto de 2020, a los 35 años.

Al salir de la audiencia, su papá expresó:

“Siento bronca y odio, lo mismo que sentí cuando no me dejaron ver a mi hija. Seguimos sin justicia. En la Argentina nunca la hubo, menos ahora”.

Pablo Musse dijo que “no esperaba este fallo” y adelantó que apelarán. También pidió seguir adelante con el reclamo:

“Brillemos con mucha fuerza, por Solange. No vamos a bajar los brazos”.

Un caso que marcó a todo el país

En agosto de 2020, en plena cuarentena estricta, Musse viajó desde Plottier (Neuquén) hasta Córdoba para acompañar a su hija en sus últimos días. Aunque tenía permisos de circulación, fue detenido en un control sanitario en Huinca Renancó y obligado a regresar escoltado por patrulleros, sin siquiera poder descansar o comer.

El protocolo exigía un PCR negativo, pero a Musse se le realizaron test rápidos que dieron falsos positivos. Aun así, no le permitieron ingresar a la provincia.

Solange murió cinco días después, sin poder abrazar a su papá. Su carta, escrita poco antes de fallecer, donde afirmaba que “hasta el último día tengo mis derechos”, se viralizó y desató una fuerte indignación en todo el país.

Desde este jueves, Migraciones puso en marcha un sistema tecnológico que cambiará la forma de cruzar la frontera en los pasos más transitados.

La Dirección Nacional de Migraciones oficializó la implementación de terminales de autenticación biométrica (TAB) en los pasos internacionales que funcionan bajo áreas de control integrado con países limítrofes.

Se trata de un avance en la digitalización de los procesos migratorios, que apunta a mejorar la seguridad y agilizar el tránsito de personas en los cruces de mayor movimiento.

Estas terminales permitirán verificar la identidad de los viajeros en tiempo real mediante reconocimiento facial y huellas digitales. Toda la información quedará registrada en el Registro Nacional de Ingreso y Egreso de Personas al Territorio Nacional.

“Los procesos de simplificación en la ejecución del tránsito vecinal fronterizo responden a la necesidad de brindar un servicio más eficaz y eficiente, generando un escenario seguro y efectivo en la circulación de ciudadanos de una determinada región”, señalaron desde el Gobierno.

Cómo funcionará el nuevo sistema

El Sistema de Gestión Biométrica para el Tránsito Vecinal Fronterizo exigirá un registro previo y gratuito, con una validez de dos años. Para inscribirse, se deberá presentar:

• DNI, pasaporte o cédula.

• Comprobante de domicilio en la jurisdicción del paso internacional.

• En el caso de menores de 13 años, partida de nacimiento o documento que acredite su identidad.

Quienes se anoten podrán hacer el registro migratorio de manera autónoma desde las terminales, al ingresar o salir del país. Además, el sistema permitirá permanecer hasta 72 horas en el país vecino y moverse dentro de un radio de 100 kilómetros desde el punto de ingreso.

Migraciones aclaró que aquellas personas que no puedan completar el control biométrico deberán dirigirse a un agente para realizar el trámite de manera tradicional.

El presidente Javier Milei decidió vetar por completo la Ley de Emergencia Pediátrica, aprobada en el Senado el pasado 22 de agosto. El Gobierno argumentó que la medida generaba un gasto “excesivo” y que su prioridad es sostener el equilibrio fiscal.

La iniciativa, que tenía vigencia por un año, establecía la asignación inmediata de fondos para insumos, medicamentos, vacunas, equipamiento, mantenimiento edilicio y personal esencial en la red pediátrica de todo el país.

El veto se conoció apenas horas después del rechazo oficial a la Ley de Financiamiento Universitario, y en medio de tensiones con los gobernadores por la discusión de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Los fundamentos del veto

El decreto firmado por Milei y todo su gabinete remarca varios puntos:

• Impacto fiscal directo: El Gobierno calculó un costo de $115.030 millones por la recomposición salarial prevista en la ley.

• Desfinanciación de programas: Se señaló que la reasignación de partidas implicaría quitar recursos a planes sanitarios ya vigentes.

• Comparaciones de impacto: El monto representaría “un tercio del calendario total de vacunas” y “tres veces el crédito destinado a políticas de cobertura en VIH, lepra, tuberculosis, ITS y hepatitis virales”.

• Críticas a la redacción: Según el decreto, el proyecto “carece de financiamiento genuino”, “profundiza distorsiones salariales” y “pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y las provincias”.

“El Congreso pretende impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público”, concluye el texto oficial.

Clima político

El rechazo a las dos leyes llega tras la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria sacó 13 puntos de ventaja. Con ese escenario, la Casa Rosada intenta reordenar su estrategia, mientras los gobernadores nucleados en Provincias Unidas reclaman negociación y señales de apertura.

La incógnita sigue puesta en la ley de ATN, que recién se definirá este viernes. En paralelo, Milei ratificó en X: “No nos moveremos ni un milímetro del programa económico: equilibrio fiscal, mercado monetario ajustado y, en lo cambiario, se mantienen las bandas pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando”.