El expresidente colombiano seguirá el proceso en libertad. Su caso genera repercusiones políticas y judiciales en todo el país.
La Justicia de Colombia ordenó este martes la liberación inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, mientras apela la condena de 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno y fraude procesal. La medida fue dispuesta por un tribunal que entendió que se habían vulnerado derechos fundamentales durante el proceso.
Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, se encontraba cumpliendo la pena en una de sus propiedades en el noroeste del país. La defensa había presentado un recurso de amparo, argumentando que se afectaron los principios de presunción de inocencia, libertad y debido proceso.
Tras conocerse la resolución, el exmandatario publicó en sus redes: “Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”. También hubo respaldo de parte del partido que fundó, el Centro Democrático. “Esta enorme injusticia nos la quitaremos de encima”, dijo su director, Gabriel Vallejo.
El caso que sacudió a la política colombiana
La jueza Sandra Heredia había condenado a Uribe a comienzos de agosto. Lo halló culpable de instigar a un abogado para que ofreciera beneficios a testigos con el fin de desacreditar los presuntos vínculos del expresidente con grupos paramilitares. Fue absuelto, sin embargo, del cargo de soborno a una exfiscal.
La jueza justificó la prisión domiciliaria señalando que la defensa había aplicado “estrategias dilatorias” y que Uribe tenía capacidad para abandonar el país. Pero el tribunal que revocó la detención consideró que el expresidente no tenía antecedentes y asistió al juicio de forma voluntaria.
Ahora será el Tribunal Superior de Bogotá el que deberá resolver la apelación.
Un proceso que comenzó hace más de una década
Todo empezó en 2012, cuando el entonces senador Iván Cepeda denunció los supuestos lazos de Uribe con el paramilitarismo. Uribe respondió con una demanda por difamación. Pero la Corte Suprema no solo cerró el caso contra Cepeda, sino que abrió una investigación contra el expresidente.
Cepeda, reconocido como víctima en el juicio, afirmó que respeta la decisión judicial, pero no la comparte. “Tenemos la plena certeza de que el condenado expresidente viene realizando acciones de presión a la justicia”, declaró.
Horas antes del fallo, una organización judicial solicitó medidas cautelares ante la CIDH para proteger a la jueza Heredia, quien recibió amenazas de muerte tras la condena. El comunicado advierte que está “en evidente peligro” por las declaraciones del propio Uribe, sus allegados y simpatizantes.
